In memoriam - Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)
02/27/07
Nueve años han transcurrido desde el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín. Murió en su intento de proteger la vida de cientos de campesinos antioqueños acosados por los grupos de autodefensa al mando de Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.
No obstante sus denuncias, ilustradas con sendos detalles y realizadas con la desesperación de quien sabe lo que ocurrirá si no se toman medidas, el desangre continuó en una vasta región del norte antioqueño, incluidas varias veredas y corregimientos de la zona rural del municipio de Ituango, su tierra natal, donde ejercía como concejal.
Su voz advirtió de los riesgos que afrontaban los pobladores de La Granja y de El Aro. En respuesta, recibió las noticias de las incursiones en estos caseríos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, apoyadas por tropas del Ejército adscritas a la IV Brigada, que dejaron decenas de muertos, destrucción de bienes y cientos de desplazados.
A Jesús María Valle Jaramillo no lo escucharon las autoridades civiles departamentales y nacionales, tampoco las autoridades militares y de policía. A sus clamores y demandas, el gobierno departamental y los estamentos castrenses respondieron con señalamientos y denuncias.
Pero su persistencia fue de tal magnitud que aquellos que eran el blanco de sus reclamos no encontraron otro camino que asesinarlo para acallar su voz. Una tarde del 27 de febrero de 1998, dos hombres y una mujer llegaron a su oficina del barrio Colón, ubicado en la calle Ayacucho, entre las carreras Bolívar y Cundinamarca, y lo acribillaron.
Como una manera de reivindicar sus denuncias y honrar su memoria, la Agencia de Prensa IPC reproduce un fragmento de la declaración que rindió Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, justo 21 días antes de su muerte. Sus palabras, hoy, continúan vigentes.
“PREGUNTADO.- Bajo la gravedad del juramento sírvase informar al despacho todo lo que le conste respecto a la existencia de un grupo paramilitar en el municipio de Ituango – Antioquia.
CONTESTO.- Desde 1996 está operando un grupo paramilitar llamado Autodefensas de Córdoba y Urabá, en el municipio de Ituango, y cuya sede es el mismo perímetro urbano, muy cerca al puesto de Policía, al puesto militar, a la Alcaldía, a la Fiscalía, a la Personería, a los juzgados y a la parroquia. Es decir, todo el mundo se ha dado cuenta de esa presencia del grupo paramilitar.
Ese grupo paramilitar cometió la masacre de La Granja, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el director del Politécnico, quien fue torturado y asesinado.
Una vez ocurrida esta masacre, un grupo de concejales le informamos al doctor Pedro Juan Moreno, Secretario de Gobierno Departamental, de la presencia de ese grupo y de los asesinatos que había cometido en Ituango. En presencia de los representantes de la Policía y de un representante del Ejército, y en presencia de Jhon Fredy Rendón, Hernán Moreno y José Milagros López, le dije al doctor Pedro Juan Moreno que pareciera que esa masacre de La Granja se hubiese cometido con el visto bueno de las autoridades departamentales y de la fuerza pública, por la forma tranquila como se desplazó el grupo paramilitar de Caucasia a Ituango, pasando por San Andrés de Cuerquia, hasta el perímetro urbano de Ituango, yendo a La Granja y regresando de nuevo a la vía. En esa ocasión, el doctor Pedro Juan Moreno se enojó mucho por mi denuncia y lo que dijo fue: “que elevara la queja ante la procuraduría o la denuncia ante la Fiscalía”.
El grupo paramilitar sembró el terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades del Ejército y la Policía y no había ni respuesta del Gobernador de Antioquia, ni del Secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército; y así, de 1996 a 1997 diciembre 31, fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores.
Ante esa ola de sangre, yo pedí una cita al gobernador de Antioquia para informarle de estas muertes en presencia del Defensor del Pueblo doctor Álvaro González, del doctor Gustavo Restrepo, del doctor Jaime Jaramillo Panesso y lo que me dijo el gobernador doctor Álvaro Uribe Vélez era que no sabía de la existencia de ese grupo paramilitar y nos envió para que habláramos con el general Manosalva (q.e.p.d.)
Después de esa visita, nada hizo el gobernador y hábilmente en la comisión que fue a Ituango de neutralidad, me sacó hábilmente de la comisión para que yo no fuera y siguió el desangre. Públicamente, pedí la protección a la Procuraduría para la población civil, a la Defensoría del Pueblo, al CTI, a la Fiscalía Regional y la Fiscalía Seccional, pero no hubo ninguna respuesta y siguieron los asesinatos por parte del grupo paramilitar.
Dejo constancias por escrito de que la Procuraduría quiso ir en varias ocasiones, la Gobernación se comprometió a prestar el helicóptero y, a última hora, le decía al Procurador que no se podía prestar el servicio.
En una ocasión, en un enfrentamiento que tuvo lugar en el puente de Pescadero, allí combatían juntos el Ejército y los paramilitares. Eso lo denuncié públicamente y por ese motivo fui denunciado por el señor comandante del Ejército para que se investigara mi conducta, cuando yo lo que buscaba era la protección de la población campesina de La Granja, de Santa Rita, de Pascuitá, de Santa Lucía, de Badillo y del Aro.
En forma oportuna, le pedí protección al doctor Álvaro Uribe Vélez, lo hice como concejal del municipio de Ituango y como miembro del Comité de Derechos Humanos pero nunca fui oído; hasta que se presentó la masacre de El Aro, donde catorce campesinos fueron asesinados, algunos torturados e incendiadas todas las casa de El Aro. Allí fueron destruidos los animales de la población campesina, fue sustraído el ganado, y fue movilizado hacia el municipio de Valdivia.
Después de la masacre de El Aro, siguió la destrucción de La Balsita, donde había un asentamiento de dos mil colonos, que fueron sacados de allí por Carlos Castaño a sangre y fuego, allí fueron quemadas las escuelas, incendiadas las viviendas, fueron asesinadas numerosas personas y sustraído todo el ganado, fueron destruidos puentes, escuelas y todo el asentamiento de colonos; más de setecientas personas fueron desplazadas hacia Ituango y hoy siguen deambulando en medio de la miseria y del dolor por todo el departamento de Antioquia.
Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país.
La fuerza que ha tenido el grupo paramilitar en Ituango tiene un ostensible apoyo en el tráfico de estupefacientes, el dominio estratégico de un municipio como Ituango implica el dominio político y territorial que tiene fácil comunicación con el país, con la región de Urabá y con Centro América. Eso es todo lo que yo sé”.
02/27/07
Nueve años han transcurrido desde el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín. Murió en su intento de proteger la vida de cientos de campesinos antioqueños acosados por los grupos de autodefensa al mando de Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso.
No obstante sus denuncias, ilustradas con sendos detalles y realizadas con la desesperación de quien sabe lo que ocurrirá si no se toman medidas, el desangre continuó en una vasta región del norte antioqueño, incluidas varias veredas y corregimientos de la zona rural del municipio de Ituango, su tierra natal, donde ejercía como concejal.
Su voz advirtió de los riesgos que afrontaban los pobladores de La Granja y de El Aro. En respuesta, recibió las noticias de las incursiones en estos caseríos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, apoyadas por tropas del Ejército adscritas a la IV Brigada, que dejaron decenas de muertos, destrucción de bienes y cientos de desplazados.
A Jesús María Valle Jaramillo no lo escucharon las autoridades civiles departamentales y nacionales, tampoco las autoridades militares y de policía. A sus clamores y demandas, el gobierno departamental y los estamentos castrenses respondieron con señalamientos y denuncias.
Pero su persistencia fue de tal magnitud que aquellos que eran el blanco de sus reclamos no encontraron otro camino que asesinarlo para acallar su voz. Una tarde del 27 de febrero de 1998, dos hombres y una mujer llegaron a su oficina del barrio Colón, ubicado en la calle Ayacucho, entre las carreras Bolívar y Cundinamarca, y lo acribillaron.
Como una manera de reivindicar sus denuncias y honrar su memoria, la Agencia de Prensa IPC reproduce un fragmento de la declaración que rindió Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998, justo 21 días antes de su muerte. Sus palabras, hoy, continúan vigentes.
“PREGUNTADO.- Bajo la gravedad del juramento sírvase informar al despacho todo lo que le conste respecto a la existencia de un grupo paramilitar en el municipio de Ituango – Antioquia.
CONTESTO.- Desde 1996 está operando un grupo paramilitar llamado Autodefensas de Córdoba y Urabá, en el municipio de Ituango, y cuya sede es el mismo perímetro urbano, muy cerca al puesto de Policía, al puesto militar, a la Alcaldía, a la Fiscalía, a la Personería, a los juzgados y a la parroquia. Es decir, todo el mundo se ha dado cuenta de esa presencia del grupo paramilitar.
Ese grupo paramilitar cometió la masacre de La Granja, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el director del Politécnico, quien fue torturado y asesinado.
Una vez ocurrida esta masacre, un grupo de concejales le informamos al doctor Pedro Juan Moreno, Secretario de Gobierno Departamental, de la presencia de ese grupo y de los asesinatos que había cometido en Ituango. En presencia de los representantes de la Policía y de un representante del Ejército, y en presencia de Jhon Fredy Rendón, Hernán Moreno y José Milagros López, le dije al doctor Pedro Juan Moreno que pareciera que esa masacre de La Granja se hubiese cometido con el visto bueno de las autoridades departamentales y de la fuerza pública, por la forma tranquila como se desplazó el grupo paramilitar de Caucasia a Ituango, pasando por San Andrés de Cuerquia, hasta el perímetro urbano de Ituango, yendo a La Granja y regresando de nuevo a la vía. En esa ocasión, el doctor Pedro Juan Moreno se enojó mucho por mi denuncia y lo que dijo fue: “que elevara la queja ante la procuraduría o la denuncia ante la Fiscalía”.
El grupo paramilitar sembró el terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades del Ejército y la Policía y no había ni respuesta del Gobernador de Antioquia, ni del Secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército; y así, de 1996 a 1997 diciembre 31, fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores.
Ante esa ola de sangre, yo pedí una cita al gobernador de Antioquia para informarle de estas muertes en presencia del Defensor del Pueblo doctor Álvaro González, del doctor Gustavo Restrepo, del doctor Jaime Jaramillo Panesso y lo que me dijo el gobernador doctor Álvaro Uribe Vélez era que no sabía de la existencia de ese grupo paramilitar y nos envió para que habláramos con el general Manosalva (q.e.p.d.)
Después de esa visita, nada hizo el gobernador y hábilmente en la comisión que fue a Ituango de neutralidad, me sacó hábilmente de la comisión para que yo no fuera y siguió el desangre. Públicamente, pedí la protección a la Procuraduría para la población civil, a la Defensoría del Pueblo, al CTI, a la Fiscalía Regional y la Fiscalía Seccional, pero no hubo ninguna respuesta y siguieron los asesinatos por parte del grupo paramilitar.
Dejo constancias por escrito de que la Procuraduría quiso ir en varias ocasiones, la Gobernación se comprometió a prestar el helicóptero y, a última hora, le decía al Procurador que no se podía prestar el servicio.
En una ocasión, en un enfrentamiento que tuvo lugar en el puente de Pescadero, allí combatían juntos el Ejército y los paramilitares. Eso lo denuncié públicamente y por ese motivo fui denunciado por el señor comandante del Ejército para que se investigara mi conducta, cuando yo lo que buscaba era la protección de la población campesina de La Granja, de Santa Rita, de Pascuitá, de Santa Lucía, de Badillo y del Aro.
En forma oportuna, le pedí protección al doctor Álvaro Uribe Vélez, lo hice como concejal del municipio de Ituango y como miembro del Comité de Derechos Humanos pero nunca fui oído; hasta que se presentó la masacre de El Aro, donde catorce campesinos fueron asesinados, algunos torturados e incendiadas todas las casa de El Aro. Allí fueron destruidos los animales de la población campesina, fue sustraído el ganado, y fue movilizado hacia el municipio de Valdivia.
Después de la masacre de El Aro, siguió la destrucción de La Balsita, donde había un asentamiento de dos mil colonos, que fueron sacados de allí por Carlos Castaño a sangre y fuego, allí fueron quemadas las escuelas, incendiadas las viviendas, fueron asesinadas numerosas personas y sustraído todo el ganado, fueron destruidos puentes, escuelas y todo el asentamiento de colonos; más de setecientas personas fueron desplazadas hacia Ituango y hoy siguen deambulando en medio de la miseria y del dolor por todo el departamento de Antioquia.
Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la Cuarta Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país.
La fuerza que ha tenido el grupo paramilitar en Ituango tiene un ostensible apoyo en el tráfico de estupefacientes, el dominio estratégico de un municipio como Ituango implica el dominio político y territorial que tiene fácil comunicación con el país, con la región de Urabá y con Centro América. Eso es todo lo que yo sé”.
1 comentario:
está muy poquito los premios para el concurso de oratoria. No motiva
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