Preocupación por los defensores de los derechos humanos de Medellín y del departamento de Antioquia
El doctor Jesús María Valle Jaramillo era un conocido abogado de derechos humanos. Era presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia "Héctor Abad Gómez" (CPDH), y también era profesor universitario y asesor local del Partido Conservador.
El 27 de febrero de 1998, poco después de las 3 de la tarde, dos hombres armados y una mujer entraron en su oficina en Medellín y lo abatieron a tiros. En los meses previos a su asesinato se había dedicado a denunciar enérgicamente las relaciones existentes entre algunos militares y organizaciones paramilitares colombianos y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de las operaciones militares y paramilitares conjuntas llevadas a cabo en el norte del departamento de Antioquía.
La Fiscalía General de la Nación formuló cargos formales contra el dirigente paramilitar Carlos Castaño y otros ocho paramilitares por su participación en la muerte de Jesús María Valle Jaramillo. En la actualidad hay detenidos seis paramilitares, aunque no Castaño. Sin embargo, a pesar de los fuertes indicios sobre la implicación militar en el delito, no se ha iniciado ninguna investigación formal sobre personal militar. Varios investigadores judiciales que trabajaban en la causa tuvieron que abandonar el país a causa de las amenazas de muerte que recibieron.
La muerte de este destacado defensor de los derechos humanos en el centro urbano de Medellín y a plena luz del día tuvo un efecto perjudicial sobre la comunidad de derechos humanos en la ciudad. Jesús María Valle Jaramillo era el cuarto presidente del CPDH que perdía la vida. Se necesitan urgentemente medidas de protección y garantías de seguridad eficaces para los defensores de los derechos humanos que trabajan en Medellín y en el departamento de Antioquia, muchos de los cuales son objeto de reiterados ataques y amenazas de muerte.
Acción
Envía cartas al gobierno colombiano:
expresando tu satisfacción por los progresos registrados en la investigación llevada a cabo por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General en relación con la muerte, el 27 de febrero de 1998, de Jesús María Valle en Medellín;
expresando preocupación por el hecho de que transcurridos tres años desde la muerte de Jesús María del Valle y a pesar de los sólidos indicios sobre la implicación de militares, todavía no se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre la posible participación de miembros de las fuerzas armadas colombianas en el hecho e instando a que todos los responsables de haber ordenado, planificado y perpetrado el delito comparezcan ante la justicia;
solicitando ser informado sobre los progresos que se produzcan en la investigación de la causa;
expresando preocupación debido a que muchos defensores de los derechos humanos de Medellín y del departamento de Antioquia siguen siendo amenazados y hostigados por la labor promoción y protección de los derechos humanos que llevan a cabo de conformidad con los tratados y las normas internacionales;
expresando preocupación por la situación de represión que padecen actualmente los miembros de las organizaciones de derechos humanos que intentan revelar los abusos contra estos derechos humanos cometidos por las partes que intervienen en el conflicto de Colombia;
señalando que conoces el programa de protección de los defensores de los derechos humanos puesto en práctica por el gobierno colombiano, pero manifestando que consideráis que podrían haberse evitado algunas muertes si las autoridades hubieran actuado adecuadamente investigando las amenazas de muerte, proporcionando la protección debida en el momento de ser solicitada e investigando la muerte de otros defensores de los derechos humanos que murieron en circunstancias parecidas;
señalando que las medidas de protección individuales, como los guardaespaldas y los chalecos antibalas, no bastan para disuadir a los responsables de violaciones contra los derechos humanos de que actúen contra los miembros de las organizaciones de derechos humanos, y señalando que los verdaderos esfuerzos para proteger a los defensores de estos derechos deben establecer como prioridad la investigación tanto de las muertes ocurridas como de las amenazas y hostigamientos, dentro de un programa general de prevención de nuevos ataques;
instando al gobierno colombiano a que respete las obligaciones que ha contraído en relación con los defensores de los derechos humanos, según establecen la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos e Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1998, y la resolución Defensores de los Derechos Humanos en las Américas de la Organización de Estados Americanos, aprobada el 7 de junio de 1999 [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)];
Envía copias de tus cartas a:
Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez"A.A. 50645 Medellín, Colombia Tlf / Fax : +57 4 5120823
El 27 de febrero de 1998, poco después de las 3 de la tarde, dos hombres armados y una mujer entraron en su oficina en Medellín y lo abatieron a tiros. En los meses previos a su asesinato se había dedicado a denunciar enérgicamente las relaciones existentes entre algunos militares y organizaciones paramilitares colombianos y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de las operaciones militares y paramilitares conjuntas llevadas a cabo en el norte del departamento de Antioquía.
La Fiscalía General de la Nación formuló cargos formales contra el dirigente paramilitar Carlos Castaño y otros ocho paramilitares por su participación en la muerte de Jesús María Valle Jaramillo. En la actualidad hay detenidos seis paramilitares, aunque no Castaño. Sin embargo, a pesar de los fuertes indicios sobre la implicación militar en el delito, no se ha iniciado ninguna investigación formal sobre personal militar. Varios investigadores judiciales que trabajaban en la causa tuvieron que abandonar el país a causa de las amenazas de muerte que recibieron.
La muerte de este destacado defensor de los derechos humanos en el centro urbano de Medellín y a plena luz del día tuvo un efecto perjudicial sobre la comunidad de derechos humanos en la ciudad. Jesús María Valle Jaramillo era el cuarto presidente del CPDH que perdía la vida. Se necesitan urgentemente medidas de protección y garantías de seguridad eficaces para los defensores de los derechos humanos que trabajan en Medellín y en el departamento de Antioquia, muchos de los cuales son objeto de reiterados ataques y amenazas de muerte.
Acción
Envía cartas al gobierno colombiano:
expresando tu satisfacción por los progresos registrados en la investigación llevada a cabo por la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General en relación con la muerte, el 27 de febrero de 1998, de Jesús María Valle en Medellín;
expresando preocupación por el hecho de que transcurridos tres años desde la muerte de Jesús María del Valle y a pesar de los sólidos indicios sobre la implicación de militares, todavía no se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre la posible participación de miembros de las fuerzas armadas colombianas en el hecho e instando a que todos los responsables de haber ordenado, planificado y perpetrado el delito comparezcan ante la justicia;
solicitando ser informado sobre los progresos que se produzcan en la investigación de la causa;
expresando preocupación debido a que muchos defensores de los derechos humanos de Medellín y del departamento de Antioquia siguen siendo amenazados y hostigados por la labor promoción y protección de los derechos humanos que llevan a cabo de conformidad con los tratados y las normas internacionales;
expresando preocupación por la situación de represión que padecen actualmente los miembros de las organizaciones de derechos humanos que intentan revelar los abusos contra estos derechos humanos cometidos por las partes que intervienen en el conflicto de Colombia;
señalando que conoces el programa de protección de los defensores de los derechos humanos puesto en práctica por el gobierno colombiano, pero manifestando que consideráis que podrían haberse evitado algunas muertes si las autoridades hubieran actuado adecuadamente investigando las amenazas de muerte, proporcionando la protección debida en el momento de ser solicitada e investigando la muerte de otros defensores de los derechos humanos que murieron en circunstancias parecidas;
señalando que las medidas de protección individuales, como los guardaespaldas y los chalecos antibalas, no bastan para disuadir a los responsables de violaciones contra los derechos humanos de que actúen contra los miembros de las organizaciones de derechos humanos, y señalando que los verdaderos esfuerzos para proteger a los defensores de estos derechos deben establecer como prioridad la investigación tanto de las muertes ocurridas como de las amenazas y hostigamientos, dentro de un programa general de prevención de nuevos ataques;
instando al gobierno colombiano a que respete las obligaciones que ha contraído en relación con los defensores de los derechos humanos, según establecen la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, Grupos e Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1998, y la resolución Defensores de los Derechos Humanos en las Américas de la Organización de Estados Americanos, aprobada el 7 de junio de 1999 [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)];
Envía copias de tus cartas a:
Comité Permanente de Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez"A.A. 50645 Medellín, Colombia Tlf / Fax : +57 4 5120823
1 comentario:
Que buena reflexion sobre el doctor Jesús Maria Valle, esperemos que la decisión del sistema interamericano se acongruemnte con la importancia para el movieminto de defensores en nuestro país.
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